No hay fin del Estado presente
Milei dijo en su breve cadena nacional del 22 de abril que la característica de nuestro tiempo y su gobierno es dar "fin al Estado presente", cuando en realidad, lo que acontece es que el Estado, capitalista, por cierto, reorienta sus principales decisiones a favor de grandes empresarios y exportadores, especuladores e inversores externos, en contra de la mayoría de la población de ingresos fijos. En sus palabras se sostiene:
“…no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado, ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso.”
Toda la política económica, siempre, es de una fuerte intervención del Estado, ahora especialmente y explícitamente a favor de la ganancia del sector más concentrado de la economía.
Así consolida y le otorga perspectiva a un modelo productivo asentado en la agro exportación, núcleo de la acumulación de las últimas décadas; acrecentado con la explotación y exportación de hidrocarburos no convencionales vía tecnología depredadora, la fractura hidráulica; más la producción minera con las expectativas de la nueva joya, el litio.
De hecho, son los tres sectores que traccionan la evolución de la actividad económica en la Argentina, amenguando la recesión del conjunto.
Es un modelo iniciado en la dictadura genocida que define el resultado del 60% de pobres que enuncia Milei. Un dato acrecentado desde diciembre con la deliberada política cambiaria y de liberación de precios que elevó la inflación al 25,5% en diciembre, pico desde el cual se esgrime ahora la tendencia descendente de los precios.
La propia política de Milei le permite inventar que la inflación se proyectaba al 15.000%. Es un engaño de corto alcance ante la realidad de destrucción de la calidad de vida cotidiana de la mayoría de la población.
Convengamos que buena parte del mensaje es ilusorio, falseador y manipulador con vistas a sostener el consenso.
Solo la contabilidad creativa permite mostrar un "déficit cero", logrado con intervención estatal para postergar pagos y "licuar" ingresos de jubiladxs, trabajadorxs estatales y planes sociales, aun cuando señala actualizaciones puntuales para algunos casos.
A favor de quien actúa el Estado, siempre presente
El sector concentrado, local y externo es el beneficiario de la política del Estado, y resulta evidente confirmando sus viajes, visitas y entrevistas. Un presidente que se codea con los poderosos locales y globales, sea el Llao Llao o en Texas. Nunca pisa el terreno de la población trabajadora y su diversa organización.
Milei vende ilusiones con que "la inversión privada reemplazará a la estatal", ilusión en un país inserto en la red del endeudamiento y la especulación, que el propio Milei destaca llamando HEROES a los que fugan capitales. Recordar que Argentina es acreedora y no deudora en sus cuentas externas, precisamente por la fuga. Puede leerse en el mensaje:
“La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza.”
¿Un Estado preocupado por la vida? Ello supondría concentrar recursos en salud y educación, entre algunos de los derechos socioeconómicos afectados por la política conservadora y liberalizadora de Milei.
¿Un Estado a favor de la libertad? Si, de fijar precios de quienes pueden hacerlo, caso flagrante de las pre-pagas, más allá del accionar estatal para limitar la impunidad de los propietarios privados, por lo que se evidencia que el problema es la propiedad privada concentrada.
Milei enfatiza que su objetivo es la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, concentrados en una minoría y en contra de una mayoría no propietaria.
Parafraseando a Margaret Thatcher, una de sus heroínas, destaco “No hay alternativa”, que el camino elegido era el único posible y que, ya recorrido la mitad del camino, vendrán pronto los resultados.
La pelota se patea para adelante y la recuperación de la economía queda entonces para el segundo semestre del 2024.
Todo fue dicho en la previa en la movilización federal en defensa de la Universidad pública, intentando contrarrestar el efecto de rechazo a una política antipopular, en donde desde el Estado se hace presente la consolidación de un rumbo de privilegia a la lógica del capital más concentrado.
Será desde la movilización y organización popular que emerge la potencia de una alternativa política, esencia para discutir y hegemonizar la política del Estado para otros beneficiarios y perjudicados, con el horizonte de resolver las demandas democráticas y de transformaciones socioeconómicas profundas en favor de la liberación, contra la explotación y el saqueo.
Buenos Aires, 23 de abril de 2024
Universidad y educación pública en discusión
Crece la marcha en defensa de la Universidad Pública para el 23 de abril, en contra de la privatización educativa y por el derecho a la educación.
Es una respuesta al ajuste dispuesto por el gobierno Milei que congeló para este 2024 los recursos asignados para el funcionamiento a los valores del 2023, apenas compensado con actualizaciones de algunos rubros, que a la fecha suponen, si es que se efectivizan, un impacto en el 4,1% del total del presupuesto universitario.
Con una inflación anualizada cercana al 300%, congelar gasto supone el deterioro de un presupuesto que no satisface la demanda del movimiento universitario, sean los docentes en defensa de ingresos adecuados y de los estudiantes por la mejora educativa en sentido integral, sea la generalización del avance tecnológico de la digitalización y un mayor involucramiento en las necesidades sociales de nuestro tiempo.
La marcha intenta, en nuestra precepción, recuperar la propuesta democratizadora de 1918 para hacer realidad un proyecto de liberación social inconcluso. No solo la masificación de la matrícula universitaria de entonces, sino una respuesta a los problemas actuales, desde la desigualdad al cambio climático y la lucha contra toda forma de discriminación y racismo. El potencial del “intenta” remite a la voluntad de frenar el ajuste liberal a ultranza, al tiempo que radicalizar el proyecto originario de una “Universidad para la liberación”, programa inicial desplegado con fuerte protagonismo estudiantil en los años 73/74 del siglo pasado, clausurado con la intervención del “fascismo” en un gobierno constitucional, especialmente en la UBA, que reivindicaba “la noche de los bastones largos” de 1966. Los viejos conflictos y debates vuelven bajo nuevas condiciones políticas, económicas, sociales y culturales.
Reforma o revolución; mercancía o derecho
Por eso, no alcanza con la crítica al ajuste en curso, sino que hay que remitir al programa inconcluso de 1918 y al intento de la Universidad para la liberación del 73/74.
Recordemos que el movimiento del 18 tuvo su deriva en el debate entre la reforma y la revolución en la región latinoamericana y caribeña, en donde Cuba habilitó la mayor radicalización en contra del orden capitalista, plasmado en la aspiración sostenida en 1959. Es un debate sostenido por más de 100 años, que adquiere nuevamente actualidad ante la ofensiva capitalista y de la ultraderecha liberal no solo en la Argentina.
Todo un desafío para una Argentina en donde el golpe del 76 pretendió restaurar el poder oligárquico imperialista del tiempo del centenario, aun antes de la reforma universitaria.
El programa de la dictadura genocida se mantiene a pesar de algunos esfuerzos por establecer límites. La vigencia de la ley de entidades financieras de 1977 y el condicionante de la deuda son expresiones de ese legado del poder asociado al genocidio. El modelo productivo primario exportador (complejo sojero, hidrocarburos, minería, etc.) y de desarrollo (desigualdad creciente, flexibilización y precariedad laboral, etc.) de subordinación a una inserción transnacional dependiente da cuenta de ello, aun cuando destaquemos que no da lo mismo una u otra gestión en estas cuatro décadas de gobiernos constitucionales.
Milei pretende el arancelamiento de la Universidad Pública, forma de privatizar el “derecho a la educación”, reiterando las propuestas sostenidas en los gobiernos de los años noventa del siglo pasado. Es un viejo proyecto de liberales que pretenden cercenar recursos para la formación profesional y retomar una Universidad para la elite, la casta del poder. Es el tiempo en que el Banco Mundial asume el proyecto de las reformas de segunda generación, lo que supone la privatización de los derechos, especialmente en educación. Había que arancelar los estudios universitarios, incluso con bajos montos, que luego se incrementarían una vez clausurada la gratuidad.
El presupuesto universitario más bajo del siglo es en definitiva la propuesta Milei para ahogar a la Universidad Pública. Sin embargo, lo de fondo es volver a la situación previa a la reforma de 1918. Su propuesta es incluso anterior a la Ley Sáenz Peña y restaurar la "libertad" de oligarcas y del capital externo para la acumulación de capitales y la dominación político ideológica, o sea cultural. Volver al clima de época del centenario, a 1910 con el estado de sitio, algo que cuadra con la amenaza del protocolo de seguridad en contra de los manifestantes.
Lo que se discute es un modelo de país, un rumbo a favor de ampliar los derechos o de restringirlos en beneficio del negocio, del lucro y la acumulación capitalista. Por eso, aunque para algunos, solo se trata de presupuesto, la realidad va más allá y se discute el tipo de sociedad necesaria en esta tercera década del siglo XXI.
Buenos Aires, 22 de abril de 2024
120 días de gobierno de ultraderecha en Argentina
Transcurrió ya el primer cuatrimestre de gobierno de Javier Milei, asumido como “libertario” y “anarco capitalista”, quien se jacta de llevar adelante el “ajuste más grande de la humanidad” y al mismo tiempo convocar a los empresarios a invertir en Argentina porque es “un excelente caso de negocios para entrar y ganar mucho dinero”.
Está clara la identificación de Milei con el orden capitalista y su vocación para hacer funcionar a un sistema en evidente crisis, no solo en su territorio, sino en todo el planeta. Milei sustenta una concepción de política económica para todo el mundo. Es lo que sostuvo en Davos, en el Foro Económico Mundial y en la cumbre conservadora en EEUU.
Su alineamiento de política internacional es con EEUU y con Israel, sin fisuras, en una prédica en contra de toda alternativa al capitalismo, sea el socialismo, el populismo, en la que solo incluye a la izquierda en esta categoría, tanto como al feminismo, el ambientalismo, o cualquier demanda que restrinja la dinámica de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo sobre los bienes comunes.
Las manifestaciones discursivas contra los presidentes de México, Colombia o Brasil, son parte de una diatriba agresiva contra Cuba, Nicaragua o Venezuela en nuestro territorio, pero especialmente contra China y los países sancionados unilateralmente por Washington y sus aliados en Europa y Asia.
Argentina con Milei es parte de la ofensiva ultraderechista que pretende consolidar la ofensiva del capital en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad.
Beneficiados y perjudicados
Luego de 4 meses resulta evidente identificar en su gobierno quienes son los beneficiarios y quienes los perjudicados de la política económica.
Entre los beneficiados, todo remite a las primeras disposiciones asumidas desde el 10 de diciembre del 2023. En ese momento se dispuso:
a) una devaluación, con un dólar que pasó de 400 a 800 pesos y con devaluaciones programas del 2% mensual para cotizar actualmente a 864 pesos por dólar según el BCRA;
b) la liberación de los precios, habilitando la remarcación de bienes y servicios favoreciendo las ganancias concentradas del sector hegemónico del empresariado local y externo.
Ambas dinámicas se mantienen, ya que existe una fuerte presión para profundizar el rumbo de la devaluación de la moneda y continuar con el realineamiento de los precios relativos, especialmente el aumento de las tarifas de servicios públicos. La realidad es un alza inflacionaria en moneda local y en divisas.
Es un rumbo que disparó la inflación en diciembre del 2023 al doble de la mayor marca del gobierno anterior en noviembre del pasado año, del 12,8% al 25,5%, que anualizada a febrero del 2024 alcanzó el 276,2%; con una proyección según indican consultores al BCRA del orden del 190% para todo el año 2024, desde el 20,6% de enero, el 13,2% de febrero, un estimado similar para marzo y si se cumple una proyección de un dígito mensual desde abril o mayo.
Grandes ganadores son entonces los sectores más concentrados de la producción y exportación local, entre ellos, del agro negocio, de los hidrocarburos y de la minería, precisamente los mismos sectores transnacionalizados que el gobierno señala como motores del repunte luego del piso recesivo que transita la economía actual.
Es algo que aparece ya en los datos de enero, en donde el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) “registró una caída de 4,3% en la comparación interanual, y de 1,2% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada”. Entre los pocos sectores con datos en positivo aparece el sector agroexportador y la minería.
El sector industrial presenta evidencias de la recesión, tal como señala la estadística oficial: “En febrero de 2024, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 9,9% respecto a igual mes de 2023. El acumulado del primer bimestre de 2024 presenta una disminución de 11,1% respecto a igual período de 2023”.
Un dato importante es que esa referencia de ganadores no incluye a la mayoría de la sociedad argentina. Por eso, los grandes beneficiarios de la política del gobierno son los productores y exportadores más concentrados, los grandes inversores externos y el sector asociado a la especulación y las finanzas.
De este modo, el rumbo de la economía argentina favorece las expectativas de capitalistas globales y locales que miran con interés y atención lo que ocurre en la Argentina, ya que se generan todas las condiciones macroeconómicas para invertir en un territorio que les genere una rentabilidad más que adecuada.
Importa el tema, porque Argentina está condicionada por el endeudamiento externo, especialmente por el acuerdo con el FMI, sea el préstamo de Mauricio Macri del 2018, o la renegociación del gobierno de Alberto Fernández del 2022, que potencia la dependencia por deuda hasta el 2034.
Argentina está auditada trimestralmente por el FMI y siendo un pagador serial de sus compromisos externos, o renegociando los mismos a cambio de pérdida de soberanía, se ofrecen excelentes oportunidades de renta a inversores que buscan elevadas ganancias en tiempos de crisis global.
Las cuentas financieras están dando señales para esos grandes inversores internacionales, por la baja de la brecha entre distintos tipos de cambio y la disminución del riesgo país, con crecimiento en las valorizaciones de títulos y acciones.
En ese marco, se destaca el crecimiento de las reservas internacionales, que estaban en diciembre pasado en 21.200 millones de dólares y a marzo alcanzaron los 28.200 millones. Es un logro sustentado en una balanza comercial positiva por 3.200 millones, pero más aún, en el atraso en el pago de las importaciones por 9.300 millones. A ello debe incorporarse la pérdida de divisas por pagos de intereses y otros aspectos por más de 8.100 millones.
Los beneficiarios de la política del gobierno Milei son sectores económicos altamente concentrados, asociados a la gran producción y exportación del agro, la energía y la minería. Todos ellos asociados y vinculados a la gran propiedad territorial, la gran burguesía local y a los inversores externos.
Si estos son los ganadores queda claro quienes son los perdedores. En primer lugar, están las/os jubiladas/os y las/os trabajadoras/es en actividad, a los que suman los sectores pequeños y medianos del empresariado que atan sus ingresos a la capacidad de compra de los ingresos populares.
Para los primeros el tema es dramático, reitera lo que viene aconteciendo en los últimos gobiernos, ya que la fórmula de actualización de los ingresos previsionales no resuelve las necesidades de jubilados y jubilados, que hoy se encuentra en un nivel de 685 mil pesos mensuales y la mayoría, dos tercios de los jubilados (7 millones de personas), perciben algo así como un tercio de lo que necesitan para una vida digna y adecuada del adulto mayor.
En materia de salarios, tenemos que un 40% de trabajadores y trabajadores están en una situación irregular, flexibilizados, con contratos sin seguridad social. Los ingresos de estos trabajadores en situación irregular son peores que los ingresos de los trabajadores estatales, hoy viviendo una situación de extensión de los despidos: el gobierno habla de 15 mil despidos en “semana santa”, y fuentes sindicales están en la indagación del numero concreto y real de esas cesantías, pero el propio presidente ha señalado que el objetivo es despedir 70 mil trabajadores contratados. De hecho, trabajadores contratados por un año, ahora se reducen a tres meses. Es una espada de Damocles permanente sobre los empleados contratados por el Estado. El Estado es el mayor contratante en situación de irregularidad, por ende, es el que mayor precariza la fuerza laboral en la Argentina.
Los salarios de los trabajadores irregulares son los que en peor situación están, los que más han perdido, siguiendo los estatales y luego el sector privado regularizado.
Con dos temas importantes como agravante, uno, que el gobierno ha dicho que no va a avalar paritarias de actualización según vayan los acuerdos entre patronales y trabajadores, lo que demuestra los limites de la libertad de mercado: libertad de precios para aumentar precios en el mercado, menos el precio de la fuerza de trabajo, precio que esta controlado y que va a demandar paros y conflictividad. Por otra parte, existen negociaciones para restituir el impuesto a las ganancias a los salarios, que pondría de nuevo a trabajadores de altos ingresos relativos con respecto al promedio, a pagar impuestos para cubrir las necesidades de recursos de la nación y de las provincias.
Como vemos, beneficiarios muy concentrados y una amplia parte de la población argentina perjudicado por esta política de concentración del ingreso y de la riqueza.
Consenso y disputa política
La resistencia crece en el marco del descontento por inflación y recesión, que no se constituye aun en proyecto alternativo ante la desconfianza y crítica a los gobiernos anteriores, especialmente al peronismo y su hegemonía kirchnerista.
Interesa el tema por la hegemonía peronista en el movimiento popular desde 1945 y por el protagonismo de una nueva camada juvenil del activismo social en los últimos años bajo el liderazgo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La izquierda también está afectada y remite a problemas históricos desde la emergencia peronista para ser expresión de representación masiva.
En rigor, debe pensarse la dimensión cultural y social de la izquierda, más allá de la representación institucional, e incluso, vínculos políticos entre franjas sociales, territoriales y política de la izquierda y el peronismo, como parte de una búsqueda de novedosas articulaciones de reorganización del movimiento popular.
La ultra derecha desde los medios de comunicación y las redes sociales viene ejerciendo una eficaz política de intervención cultural para descalificar al peronismo, al kirchnerismo y en ese contexto a la izquierda en su conjunto.
Tal como antes mencionamos, para Milei, todo es lo mismo, “comunismo, socialismo, kirchnerismo, peronismo, populismo, feminismo, ambientalismo”.
El interrogante es como reconstruir identidad popular más allá de las identidades tradicionales y sintetizar la ampliada resistencia por reivindicaciones democráticas, contra los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos populares, con un proyecto político anticapitalista, antiimperialista y por profundas transformaciones en contra de la explotación y el saqueo.
Se trata de una preocupación que reconoce el debate intelectual y político en variados espacios socio políticos, sindicales, territoriales, de un activo militante que se reconoce en la tradición peronista o en la izquierda, y que no siempre articularon en conjunto sus propuestas políticas o civilizatorias.
No es solo un tema para el debate local, sino también global, que remite a la discusión sobre el sujeto de los cambios y la revolución, como a las identidades políticas necesarias en la perspectiva de la lucha en contra de la ofensiva capitalista, de las derechas y la ultra, caso de la Argentina y de otros países de la región y del mundo.
De hecho, lo que se propone es un debate estratégico para darle rumbo una perspectiva de emancipación en el presente y futuro cercano. Es un debate estructural ante la permanencia de un proyecto que ya empieza a presentar su estrategia para las elecciones de medio turno en 2025 y para renovar mandato presidencial en 2027.
Estamos interpelados a construir alternativa política en contra y más allá del capitalismo.
Buenos Aires, 10 de abril de 2024
Milei potencia los objetivos de la genocida dictadura
El gobierno Milei avanza desde los objetivos de reestructuración del capitalismo local que definió la dictadura genocida en 1976. No es lo mismo, sino más, una potencia, que se apoya en los propósitos explicitados por Martínez de Hoz en el programa del 2 de abril de 1976, por “modernizar” a la Argentina, lo que suponía acciones orientadas en varios sentidos.
Por un lado, a una reaccionaria reforma laboral, contra derechos sociales, sindicales, colectivos e individuales, un proceso recurrente en este recorrido de casi medio siglo, con los matices o frenos impuestos por la lucha popular y acciones de gobiernos condicionados por la organización y lucha popular en estos años. Insistimos en la tendencia afirmada por décadas en la confirmación de los datos de pobreza e indigencia, de creciente irregularidad en el empleo e inseguridad social con deteriorados ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes).
También expresado en sucesivas reformas del Estado y a favor del capital privado concentrado y transnacionalizado, que tuvo su aceleración con las privatizaciones de los 90, convalidadas por la reforma constitucional del “Pacto de Olivos” y, por ende, el beneplácito del poder integral, económico, político y cultural para nuevas funcionalidades del Estado capitalista. Un nuevo modelo productivo y de desarrollo construido desde 1975/76 desarmaba el entramado de la industrialización subordinada desplegada en el siglo previo. La industria que se desplegó desde el último cuarto del siglo XIX y que se potenció con las diferentes etapas de la sustitución de importaciones en el Siglo XX, sucumbía ante una nueva estrategia de inserción dependiente condicionada por un nuevo ciclo de endeudamiento promovido desde el Estado.
El complemento de esas acciones de reforma estructural suponía un nuevo alineamiento internacional, en contra de cualquier acercamiento a la dinámica de articulación con el “tercer mundo” y menos con el segundo, desaparecidos ambos en los reagrupamientos globales acaecidos desde los 90 y el fin de la bipolaridad. El remate contemporáneo es el alineamiento con la política exterior de EEUU, gobierne quien gobierne, y con el Estado de Israel. Se trata de una lógica a contramano de las tendencias globales acrecentadas en estos últimos años por la emergencia en el reagrupamiento mundial de China y sus aliados, todos sancionados por EEUU y sus asociados en política exterior.
Son cambios en las relaciones sociales de producción que modifican la relación entre el capital y el trabajo, modifican la función estatal a favor del capital privado más concentrado y reestructuran las relaciones internacionales del país potenciando la dependencia de la lógica de acumulación de los capitales globales.
Continuidad y reagrupamiento del poder
Por todo esto, el gobierno Milei es continuidad con los propósitos del 76, pero tiene su especificidad, entre ellas, que no sustenta un perfil “nacionalista”. Entre los motivos por los cuales la dictadura no avanzó en sus planes privatizadores, el ministro emblemático de aquel gobierno, Martínez de Hoz, señalaba como balance de gestión, que el “nacionalismo militar” impidió avanzar con privatizaciones estratégicas en donde las FFAA tenían posiciones históricas, desde el petróleo a las fábricas militares. Para la represión, la tortura o el plan de exterminio sí resultaron funcionales, pero no necesariamente para avanzar en otros planes, con los que ahora si se crearon condiciones, entre otras, por la escasa presencia militar en esos estratégicos sectores productivos y de servicios asociados a la tradición militar. Sea el DNU, la ley Bases, retirada de Diputados, o la de nueva generación en discusión ahora, tanto como el “pacto de mayo”, son todas expresiones de una actualización de máxima del programa de la dictadura genocida. Sin aquella acción golpista de restauración del poder oligárquico imperialista, no hay proyecto actual consensuado electoralmente y en pleno despliegue para proyectar la hegemonía del capitalismo local. En ese marco se impone un debate en el poder por la hegemonía desde la derecha bajo nuevo liderazgo y el intento de restablecer la dominación previa al intermedio constitucional desde 1912/16.
Lo que no termina de definirse es la respuesta reorganizada del movimiento social popular, que en más de un siglo contuvo la tradición anarquista, socialista y comunista en el movimiento obrero hasta los años 40 del siglo pasado, y luego la identidad mayoritaria del peronismo; que en el plano político atravesó el tiempo del bipartidismo cortado por los golpes entre 1930 y 1976, y luego del 2001 la conformación de dos coaliciones que disputaron la elección presidencial del 2023 sin éxito, para dar lugar a una nueva experiencia del poder y la reconfiguración del mismo. Desde el campo del pueblo se vive el desafío de recuperar una visión de reivindicación de las víctimas del golpe del 76 y reconstruir una estrategia más allá de la resistencia al ajuste en curso para pensar en términos de sociedad alternativa al diseño de regresiva reestructuración que proviene desde el poder.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2024
Milei está jugado ideológica y políticamente a la ilusión del librecambio
El gobierno de Javier Milei está jugado en su razonamiento liberal a ultranza sustentado en su corta campaña política, como comentarista de los medios y redes hasta llegar a la presidencia. Ahora desde el gobierno empuja la desregulación, y lo hace desde una fuerte intervención estatal, aun cuando sustenta un discurso crítico hacia el Estado. Es el Estado el que dispuso la devaluación de diciembre pasado, de 400 a 800 pesos por dólar y junto a ello, la “libertad” de establecer precios a quienes pueden hacerlo.
Más aún, ahora, el Estado convoca a los supermercaditos para que bajen los precios, es decir, desde una crítica discursiva al Estado, el Estado interviene para que las cosas sucedan como las imaginan los ultra-liberales.
Un Estado que restringe los ingresos populares porque frena las actualizaciones de salarios, jubilaciones y planes, que reorienta recursos restringiendo subsidios tendientes a satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, transporte, entre otros. Un Estado que acapara el crédito vía un sistema financiero y un mercado de capitales al servicio del sostenimiento del orden capitalista.
Milei no es el primero que sostiene la “libertad de mercado”, ni el último, pero convengamos que se trata de un imposible histórico sustentado teóricamente desde cuando la burguesía incipiente luchaba contra las restricciones impuestas por el Estado pre-capitalista.
El “librecambio” fue la categoría esencial de la naciente Economía Política de los originarios de la disciplina en el siglo XVIII, quienes combatían las normas y el control de las relaciones económicas previas a la extensión de las relaciones monetarias y mercantiles.
Podemos ver en el programa de mayo de 1810 la reivindicación por el libre comercio, en contra de las restricciones impuestas por el régimen colonial y el virreinato. La constitución de 1853 se asienta en la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, una condición esencial del régimen del capital.
Esa “libertad” es una ilusión sustentada en un imaginario social de la dominación que se basa en la apropiación privada del producto social del trabajo y la exclusión de la mayoría social del uso y propiedad de la tierra, proceso concretado con los cercamientos de los suelos en una dinámica asociada al desarrollo del orden capitalista.
La acumulación originaria del capital y su desarrollo hasta nuestros días muestra la dinámica de la dominación y apropiación de los bienes comunes, la tierra esencialmente, y del producto del trabajo social.
El Estado “capitalista” y sus fuerzas de seguridad y armadas fueron y son esenciales al respecto, y como muestra vale la “campaña” sobre la Patagonia en el Siglo XIX, e incluso hoy, para “normalizar” la situación social en el país se requiere de “protocolo” contra la resistencia y las movilizaciones, o el desplazamiento de “fuerzas” a Rosario para limitar el accionar narco.
Milei es síntesis de un programa ideológico propagandístico sostenido desde los medios y las redes para instalar en el imaginario social la “necesidad” de un “cambio”, en el mismo sentido en que se inspiró el programa de Martínez de Hoz o el de Cavallo, ideólogo supérstite desde su desembarco en el BCRA de 1982 o su paso por gobiernos peronistas y radicales y ahora el soporte teórico y político al gobierno ultra liberal.
Ese “programa” de cambio fue comprado por buena parte de la sociedad argentina, especialmente de aquellos a los que la tradición política de la “grieta” pos 2001 no daba respuestas de fondo, en el sentido de una reproducción (aceptable en términos de bienes y servicios) de la vida cotidiana.
Llevar adelante el programa de “mercado” requiere desandar un camino más que centenario de orden económico y social, un proceso en curso desde hace casi medio siglo, inaugurado con el “rodrigazo” de 1975 y potenciado desde la genocida dictadura. Un proyecto que dio un gigantesco salto en los 90 y que intentó profundizarse con Macri. El tiempo transcurrido y las “no” soluciones, juega a favor de quienes “imaginan” salidas inmediatas desde una concepción individualista, lógica esencial sustentada desde el libre cambio y el pensamiento esencialista de la ortodoxia anarco-capitalista de Milei.
Asistimos al tiempo del “desandar”, por lo que hay que desmontar años de reglas y normas de funcionamiento, incluso de los mecanismos que aportan a la acumulación de grandes grupos económicos, subsidiarios de una asociación de su actividad con el Estado. No solo se trata de desmantelar lo constituido recientemente, sino retroceder más de un siglo, antes del régimen democrático inaugurado en 1912 con la Ley Sáenz Peña, tiempos de dominación oligárquico imperialista. Luego vendría el tiempo de la “creación” del nuevo tiempo liberal. No solo es una utopía imposible e inexistente en la historia, sino que lo principal se juega en los consensos sociales, afectados por la inflación y la recesión, e incluso con tendencias a la baja del alza de precios, algo que está por verse.
En rigor, en el debate actual, no alcanza con la crítica al imposible imaginario del gobierno Milei, sino que se requiere construir un nuevo imaginario sobre el presente y futuro de la sociedad argentina, que pensamos más allá de la lógica monetario mercantil existente.
Por eso, la convocatoria es a pensar en la des-mercantilización en aras de un orden sustentado en derechos esenciales y cuidado de la naturaleza. A una lógica imposible de exacerbado “mercado”, intentar el desafío de un rumbo asentado en la solidaridad, la autogestión económica, el trabajo comunitario, en defensa de la vida y la naturaleza. Un programa a construir para desafiar la ofensiva capitalista que experimenta en territorio nacional nuevas formas de resucitar globalmente la explotación y el saqueo.
Buenos Aires, 12 de marzo de 2024
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